Un juez federal se basó en un tecnicismo para desestimar el martes la solicitud de grupos de derechos civiles para frenar la puesta en práctica de la parte de la nueva y restrictiva ley migratoria de Florida, SB 1718, que criminaliza el transporte de personas que han entrado irregularmente en estados unidos.
El juez de distrito Roy Altman resolvió casi inmediatamente sobre la solicitud de suspensión temporal de la sección 10 de la SB 1718 argumentando que tanto el gobernador Ron DeSantis como otros afectados por la demanda, entre ellos fiscales de Florida, no habían sido adecuadamente notificados.
También dijo que, una vez resuelta esa cuestión, podría volver a ser presentada la moción de los activistas de los derechos de los inmigrantes que consideran que el veto al transporte a los inmigrantes establecido en la ley de Florida los pone en peligro al impedirles acudir a citas médicas, reunirse con familiares o ir al trabajo.
