Un acuerdo judicial entre el gobierno, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y abogados permitirá acelerar el proceso de reunificación de menores no acompañados detenidos en la frontera y procesados bajo el acuerdo judicial Flores de 1997.
La ACLU dijo que «El acuerdo establece un conjunto de presuntos plazos para que el gobierno programe citas de toma de huellas dactilares y complete el procesamiento de huellas dactilares para padres y patrocinadores que buscan reunirse con niños bajo custodia del gobierno».
El grupo de derechos civiles dijo que el estándar «se aplicará a todos los niños a nivel nacional bajo la custodia de la Oficina de Reunificación de Refugiados (ORR)», dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
