La sentencia fue dictada el viernes, pero recién se conoció hasta esta semana.
El fallo mantiene la política del gobierno de priorizar la expulsión sólo de aquellos extranjeros con antecedentes criminales graves y que representan una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.
La lista también incluye a todos aquellos no ciudadanos que ingresaron sin autorización al país sin ser inspeccionados después del 1 de noviembre de 2020.
La decisión fue emitida dos semanas después que un juez federal bloqueara la discrecionalidad otorgada a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que decidirán, caso por caso, qué inmigrantes debían ser deportados.
En la sentencia, el juez Michael J. Newman desestimó los alegatos del DHS y concedió la demanda entablada por los estados de Arizona, Montana y Ohio, quienes alegan que quienes alegan que el gobierno violó la ley al modificar y establecer las prioridades de deportación, sobre todo de aquellos indocumentados que tienen una orden de expulsión vigente.
La orden de Newman significó que el gobierno debe proceder con las deportaciones y no puede «autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano con una orden final de deportación».
Pero el panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito en Ohio anuló la orden emitida el 22 de marzo. ¿La razón? El panel aceptó el argumento del DHS, quien advirtió que la implementación de aquella orden «desestabilizaría» el aparato de aplicación de la ley.
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