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Inmigración al día.

 

El máximo tribunal de justicia del país aceptó revisar dos casos relacionados con la política migratoria de «tolerancia cero» del gobierno de Donald Trump, uno sobre los fondos para construir el muro en la frontera con México y otro sobre un programa que obliga a los migrantes a esperar en México la resolución de sus casos de asilo en EEUU. El anuncio se convierte en una esperanza para miles de Centroamericanos y de otras nacionalidades que aguardan en México para someter sus casos de asilo, la mayoría viene huyendo de la violencia domestica y delincuencia que afecta sus países.

El mandatario ha buscado desde un comienzo el freno a la inmigración tanto legal como indocumentada, señalando -en el segundo caso- que los extranjeros que vienen al país en busca de refugio están abusando de lo que llama “lagunas” en la ley vigente.

Hasta la tercera semana de marzo, antes del cierre de la frontera por la pandemia del coronavirus, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había dicho que más de 62,000 migrantes, la mayoría de ellos originarios de Centroamérica, habían sido retornados tras pedir asilo en la frontera.

Tras el cierre decretado por el covid-19, el número de casos de asilo bajó considerablemente, de acuerdo con las autoridades de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP).

La Corte Suprema, como suele hacerlo cuando notifica que revisará casos, no hizo comentarios al respecto. El calendario de la Corte Suprema se encuentra repleto, por lo que ambos casos no serán escuchados hasta el 2021.

En febrero una corte de apelaciones bloqueó el programa indicando que estaba en desacuerdo tanto con la ley federal como con los tratados internacionales y causaba «daños extremos e irreversibles». Pero la Corte Suprema en marzo suspendió ese dictamen mientras consideraba escuchar una apelación, permitiéndole al gobierno seguir implementándolo.

Peticionarios de asilo afectados por el MPP y grupos legales, representados por la ACLU, denunciaron en julio que la disputa jurídica sigue y que el gobierno, utilizando la pandemia del covid-19, cerró la frontera a los solicitantes de asilo. El gobierno argumenta que la suspensión actual del MPP constituye una “respuesta temporal a la pandemia», pero los demandantes alegan que las restricciones impuestas en la frontera perdurarán mucho más allá de la emergencia de salud pública.

Abogados y activistas advierten además que los más de 62,000 casos que aguardan en México la resolución de sus peticiones de asilo deben enfrentar además un gigantesco atasco en las cortes de inmigración con más de 1.2 millones de casos acumulados y unos 480 jueces.

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